El Ejecutivo ha presentado a consulta pública el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incluye medidas destacadas como el aumento del bono joven de alquiler hasta los 300 euros mensuales, una mayor duración del apoyo, y descuentos importantes en viviendas protegidas con opción a compra.
El documento, que consta de 90 páginas, sienta las bases de las políticas de vivienda para los próximos cinco años y es el primero que se elabora bajo el marco de la Ley de Vivienda de 2023. El Gobierno considera que este plan supone un cambio estructural en la forma de abordar el acceso a la vivienda, considerándola un derecho fundamental al mismo nivel que la sanidad o la educación.
Entre las propuestas más relevantes está la subida del bono joven de 250 a 300 euros mensuales —200 euros si se alquila una habitación—. La ayuda se podrá recibir durante dos años prorrogables por otros dos, y se amplían los requisitos de acceso: el alquiler no podrá superar los 1.000 euros (600 en el caso de habitaciones), el doble del límite anterior. Quedan excluidos los solicitantes con propiedades o que alquilen a familiares cercanos.
Otra medida clave es el descuento de hasta 28.800 euros en el precio final de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra. Esta rebaja, equivalente al importe abonado en rentas durante el periodo de alquiler, se aplicará si el inquilino decide adquirir la vivienda, y será cubierta por las administraciones públicas.
El plan también prevé ayudas para la compra de viviendas en municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes. Estas subvenciones podrán alcanzar los 15.000 euros, siempre que no superen el 20% del precio total de la vivienda (con un tope de 300.000 euros) y que el inmueble se destine a residencia habitual.
Un diagnóstico preocupante sobre el estado del mercado residencial español sirve de punto de partida para el plan. Según el documento, el país arrastra un déficit estructural de más de 400.000 viviendas, impulsado por la paralización de la construcción durante la última década y la escasez de suelo y mano de obra. Esta situación ha disparado los precios, que en junio de 2025 alcanzaron una media de 1.906 euros por metro cuadrado, superando los niveles máximos de 2007.
El informe destaca la difícil situación de los jóvenes: solo el 14,6% de quienes tienen entre 16 y 29 años viven de forma independiente, frente al 32% de la media europea. La edad media de emancipación sigue creciendo y ya se sitúa en torno a los 30 años.
El nuevo plan también contempla medidas específicas para colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género o personas desahuciadas. En estos casos, las ayudas pueden cubrir hasta el 100% del alquiler y extenderse durante cinco años, incluyendo gastos adicionales como suministros o conexión a internet.
Con un presupuesto previsto de 7.000 millones de euros —un 135% más que el plan anterior—, el Estado aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante. El dinero se distribuirá con criterios mínimos: al menos el 40% deberá destinarse a aumentar el parque de vivienda pública, otro 30% a rehabilitación, y el 30% restante a facilitar el acceso a la vivienda y la emancipación juvenil.
Un punto novedoso del plan es que las viviendas protegidas construidas con estos fondos deberán mantener su calificación indefinidamente. Además, las viviendas públicas tendrán que destinarse al alquiler durante al menos 50 años, con precios regulados desde el inicio.
El desarrollo del plan dependerá de acuerdos bilaterales entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas, que deberán establecer objetivos concretos, indicadores de cumplimiento y mecanismos de seguimiento. Toda la información deberá ser registrada en una plataforma común, con informes trimestrales y anuales, y se contemplan sanciones en caso de incumplimiento, como la suspensión o redistribución de fondos.
Finalmente, el plan introduce la creación de una base de datos nacional de contratos de alquiler. Para poder acceder a las ayudas, los propietarios estarán obligados a registrar la fianza en el sistema autonómico correspondiente y comunicar los datos al ministerio. En aquellas comunidades que aún no hayan implementado este registro, se establece un plazo de un año para su puesta en marcha, tras el cual se suspenderán las ayudas si no se cumple con esta condición.